Me llamarán aguafiestas pero a mi me parece un atentado contra la ética, una provocación, esa programación de la Sexta a la hora de la cena en la que desfilan multimillonarios mostrando sus mansiones, yates, joyas y roperos con géneros de pasarela al tiempo que hacen afirmaciones del tipo: “ser pobre es una vulgaridad”. Y llevarán razón. La pobreza asola a varios millones de familias vulgares. Muchas de ellas, para distraer el hambre, ven la televisión que sigue siendo un electrodoméstico económico.
Zapatero y Rajoy hablaron de Grecia, de la posibilidad de que los especuladores utilicen el rumor para tumbar el valor de los bonos y la economía de un país. Pero dudo que hayan dedicado el mismo tiempo a profundizar en el drama y la depresión que lleva a muchos padres al borde del suicidio por no poder asegurar que habrá al menos un plato de sopa para cenar mientras los hijos ven desfilar en los programas “Mujeres ricas”y “Quién vive ahí” a personas de carne y hueso bajo el mismo cielo, haciendo aparecer el lujo ostentoso cómo algo normal en el transcurrir de los días.
Bien está que la gente sin trabajo ni medios no salga a pegar tiros a la calle. Bien está que acepten que esta crisis es el fracaso del modelo neoliberal y capitalista que brinda las mayores oportunidades a especuladores e intermediarios, y que para remontarla va a ser preciso un plus de capacidad de sufrimiento y también de comprensión hacia la clase dirigente desprovista de suficiente autoridad en el concierto económico multinacional.
Entretanto y a cambio lo mínimo exigible al Gobierno y a la Oposición es que sean sensibles con el momento, ya prolongado, por el que están pasando muchas familias y se pongan de acuerdo para frenar esa provocadora ostentación de los ricos cada día más ricos en los programas basura y, todavía más, para ponerle fin a la impunidad poco edificante con la que se instalaron en la corrupción, apalancando un dinero robado al pueblo, y nunca devuelto, presidentes de Comunidades Autónomas, tesoreros de los Partidos, senadores, secretarios generales, directores de la Guarda Civil, del Teatro Liceo, del BOE... Porque España es hoy un polvorín de emociones contenidas, si no queremos empezar a ver cócteles Molotov en las calles es inexcusable que Zapatero y Rajoy descarten la pereza institucional, bajen de la nube, y trabajen juntos algo más que dos horas cada año y medio para tratar también de nuestra intrahistoria, la de cada día en los hogares, también en los más humildes, a los que les deben más referencias que los complejos y fríos datos de la macroeconomía con los que no se cena a diario, más consideración y menos estrategias de distracción con el fútbol y con “Mujeres ricas”.
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La nueva PISCINA DE DORNEDA, en Rialta, va a empezar a funcionar en torno al día 15 de Junio. Se trata de una instalación moderna, con dos vasos bañados por la luz exterior, gimnasios, vestuarios y saunas, todo muy amplio, dotada además de accesos y zona de aparcamiento que van a hacer muy grato el uso frecuente, especialmente a los vecinos del saco norte del Ayuntamiento que tendrán a un tiro de piedra un instrumento potente para cuidar de la forma física y también para desarrollar su vida social y participativa.
Oleiros se sitúa en la vanguardia dentro de todo el Estado en cuanto a disposición de instalaciones deportivas de toda índole y propuestas de actividades monitorizadas para todas las edades. El capital que suman el entorno natural privilegiado y las acción planificadas del gobierno municipal con la colaboración vecinal elevan los estandares de calidad de vida y acceso a hábitos sostenibles a una cota equiparable a la de los países más desarrollados de Europa.
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viernes, 7 de mayo de 2010
domingo, 2 de mayo de 2010
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Ante la gravedad y duración de esta crisis económica es el momento de desterrar del Parlamento la teatralidad electoralista, vomitiva para quien está en paro, e implantar desde ya herramientas de gestión. Es el momento en que los poderes ejecutivos del Estado y las autonomías, si quieren ganarse su derecho a sobrevivir, deben intervenir:
Siendo sensibles a una realidad plural, a un entorno cambiante
Legislando para evitar que la crisis sea esa gran oportunidad de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Haciendo cumplir la ley
En nuestro país se ha estado confundiendo libertad con liberalismo económico: una fórmula de mercado que confiere un poder omnímodo a las multinacionales, en cuyas líneas de actuación, en cuyos Consejos de Administración, más temprano o más tarde, se integran los políticos, accionistas de empresas petroleras, de la industria armamentística y de las farmacéuticas, para decidir cuando empiezan la guerra y la gripe A.
Hay ya un clima de desesperación en demasiados hogares. Es inaplazable la aplicación de un plan operativo que, desde la ética, tenga como premisa fundamental el que REPARTAMOS LOS EFECTOS DE LA CRISIS ENTRE TODOS y participemos de los ciclos de expansión todos los que quieran y puedan trabajar. Más allá de las medidas timoratas propuestas por Gobierno y Oposición, se hace necesario repensar el Estado, sin ideas preconcebidas, y sin eliminar lo que hay de bueno en su gestión, aplicar decisiones estratégicas para remontar la crisis, a saber:
-Semana laboral de 30 horas
-Supresión de las jubilaciones anticipadas y jubilación a los 63 años para todos o después de 35 años cotizando.
-Supresión del Senado y de las Diputaciones. Recuerdo declaraciones del presidente actual de la Diputación de A Coruña en este mismo sentido cuando estaba en la oposición. Ahora, desde el poder, aboga por la necesidad de la institución como elemento redistributivo de la riqueza, como si esa función no pudieran llevarla a cabo perfectamente la Xunta y El Estado, ahorrando miles de millones en gastos puramente administrativos.
-Confiscación de patrimonios cuya obtención por medios lícitos no se pueda justificar.
-Creación de bancos de tierra para dar cabida a cosechas para el autoabastecimiento.
-Incentivación de la producción de energías limpias: solar, eólica y de aprovechamiento de la fuerza del mar, para así reducir el grado de dependencia energética al tiempo que se crean puestos de trabajo duraderos.
-Medidas que faciliten la disposición de suelo industrial suficiente y bien comunicado, impidiendo por ley la acción especulativa de los intermediarios responsable de movimientos inflacionistas indeseados.
-Acotar por ley el número de intermediarios entre productor y consumidor final, marcando además topes en la aplicación de márgenes sobre el precio de los productos, para acabar con el control que sobre los productores ejercen quienes menos riesgos corren.
-Impedir prácticas de tiburoneo: vender por debajo del precio de coste para acabar con la competencia.
-Introducir férreos mecanismos de control en el mercado financiero, asignando cotas máximas en los movimientos de compra-venta de divisas y en la adquisición de deuda pública, que impidan la posibilidad de que cuatro especuladores se basten para hacer temblar toda la economía de un país.
-Eliminación de los contratos blindados y de las primas astronómicas a directivos y consejeros delegados.
-Perseguir tanto al que aporta como al que utiliza información privilegiada, el tráfico de influencias y el empleo de la Caja B para financiar campañas personales y de partidos.
-Obligatoriedad de contratar en prácticas a un porcentaje fijo de trabajadores, formados en cursos de capacitación, F.P., Universidad, sobre el total de la plantilla con medidas exonerativas para la empresa.
-Eliminación de los “regímenes especiales”. Todos los trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones.
-Acabar con las prácticas mafiosas de muchas mutuas, o, mejor aún, eliminación de las mutuas. En su afán sólo recaudatorio llegan a considerar enfermedad común las hernias de los estibadores del puerto. La apreciación y atención de las incapacidades temporales recaería exclusivamente en la Administración.
-Acabar con la compatibilidad entre función pública y trabajo privado. Y si un médico quiere operar veinticinco horas al día que lo haga desde su consulta privada. De este modo se crearían miles de puestos de trabajo y se acabaría con la espera de meses para hacer una biopsia que a menudo llega tarde.
-Rescindir el contrato a los excedentes ingentes de funcionarios y enviarlos a cursos de formación y reciclaje para reintegrarlos a la vida activa en otros cometidos que si demande el interés público. Acabar con la condición de vitalicio, con efectos retroactivos. Hace unos día se quejaba el alcalde de Os Blancos, un ayuntamiento orensano con apenas mil habitantes, de que no sabía como iba a poder pagar las nóminas de los ¡65! funcionarios en activo bajo su mando. En una Casa de la Cultura de la capital orensana veintitrés porteros contratados por Baltar se ocupan de abrir y cerrar las dos puertas del edificio.
-Adecuación de las estrategias de reducción temporal de plantilla, EREs, jubilaciones anticipadas, a lo que conviene no sólo a la empresa, por razones de competitividad, y a los trabajadores, deseosos de mejorar su calidad de vida, sino también al conjunto de la sociedad, que soporta con sus impuestos parte del coste de esas estrategias de saneamiento. No es ético que la caja común soporte la situación poco edificante de personas de cuarenta y ocho años pensionados de por vida y dedicados a sus inquietudes personales cuando no a otros negocios mientras otros muchos trabajadores y emprendedores, algunos con gran sacrificio de su salud física o de su patrimonio personal, tienen en el mejor de los casos que aguantar en el tajo hasta que las fuerzas les fallan.
No estamos defendiendo en absoluto la creación de un régimen estatalista, de corte socialista puro. Ojalá fuera siquiera planteable. Pero sabemos que la Historia de la Humanidad nos ha brindado demasiados ejemplos de que el motor principal en la generación de la iniciativa es la ambición. Y sólo desde ella y su compensación traducida en mejoras del poder adquisitivo han eclosionado los ejemplos más destacados de desarrollo social.
Lo que preconizamos es un papel más activo y de protagonista por parte de la clase dirigente, cuya existencia tiene sentido desde la implantación de reglas de juego justas, equilibradas y convenientes al entorno cambiante. ¡Hay que trabajar más, señores diputados! ¡Abandonen las ocupaciones privadas o deléguenlas en otras personas en tanto dure su dedicación a la cosa pública!. Legislen, y pongan todos los medios en hacer cumplir la ley, dando ustedes ejemplo antes que nadie, para ponerle remedio a este odio social que se extiende con la crisis y al desprecio, peligroso, de las instituciones.
Siendo sensibles a una realidad plural, a un entorno cambiante
Legislando para evitar que la crisis sea esa gran oportunidad de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Haciendo cumplir la ley
En nuestro país se ha estado confundiendo libertad con liberalismo económico: una fórmula de mercado que confiere un poder omnímodo a las multinacionales, en cuyas líneas de actuación, en cuyos Consejos de Administración, más temprano o más tarde, se integran los políticos, accionistas de empresas petroleras, de la industria armamentística y de las farmacéuticas, para decidir cuando empiezan la guerra y la gripe A.
Hay ya un clima de desesperación en demasiados hogares. Es inaplazable la aplicación de un plan operativo que, desde la ética, tenga como premisa fundamental el que REPARTAMOS LOS EFECTOS DE LA CRISIS ENTRE TODOS y participemos de los ciclos de expansión todos los que quieran y puedan trabajar. Más allá de las medidas timoratas propuestas por Gobierno y Oposición, se hace necesario repensar el Estado, sin ideas preconcebidas, y sin eliminar lo que hay de bueno en su gestión, aplicar decisiones estratégicas para remontar la crisis, a saber:
-Semana laboral de 30 horas
-Supresión de las jubilaciones anticipadas y jubilación a los 63 años para todos o después de 35 años cotizando.
-Supresión del Senado y de las Diputaciones. Recuerdo declaraciones del presidente actual de la Diputación de A Coruña en este mismo sentido cuando estaba en la oposición. Ahora, desde el poder, aboga por la necesidad de la institución como elemento redistributivo de la riqueza, como si esa función no pudieran llevarla a cabo perfectamente la Xunta y El Estado, ahorrando miles de millones en gastos puramente administrativos.
-Confiscación de patrimonios cuya obtención por medios lícitos no se pueda justificar.
-Creación de bancos de tierra para dar cabida a cosechas para el autoabastecimiento.
-Incentivación de la producción de energías limpias: solar, eólica y de aprovechamiento de la fuerza del mar, para así reducir el grado de dependencia energética al tiempo que se crean puestos de trabajo duraderos.
-Medidas que faciliten la disposición de suelo industrial suficiente y bien comunicado, impidiendo por ley la acción especulativa de los intermediarios responsable de movimientos inflacionistas indeseados.
-Acotar por ley el número de intermediarios entre productor y consumidor final, marcando además topes en la aplicación de márgenes sobre el precio de los productos, para acabar con el control que sobre los productores ejercen quienes menos riesgos corren.
-Impedir prácticas de tiburoneo: vender por debajo del precio de coste para acabar con la competencia.
-Introducir férreos mecanismos de control en el mercado financiero, asignando cotas máximas en los movimientos de compra-venta de divisas y en la adquisición de deuda pública, que impidan la posibilidad de que cuatro especuladores se basten para hacer temblar toda la economía de un país.
-Eliminación de los contratos blindados y de las primas astronómicas a directivos y consejeros delegados.
-Perseguir tanto al que aporta como al que utiliza información privilegiada, el tráfico de influencias y el empleo de la Caja B para financiar campañas personales y de partidos.
-Obligatoriedad de contratar en prácticas a un porcentaje fijo de trabajadores, formados en cursos de capacitación, F.P., Universidad, sobre el total de la plantilla con medidas exonerativas para la empresa.
-Eliminación de los “regímenes especiales”. Todos los trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones.
-Acabar con las prácticas mafiosas de muchas mutuas, o, mejor aún, eliminación de las mutuas. En su afán sólo recaudatorio llegan a considerar enfermedad común las hernias de los estibadores del puerto. La apreciación y atención de las incapacidades temporales recaería exclusivamente en la Administración.
-Acabar con la compatibilidad entre función pública y trabajo privado. Y si un médico quiere operar veinticinco horas al día que lo haga desde su consulta privada. De este modo se crearían miles de puestos de trabajo y se acabaría con la espera de meses para hacer una biopsia que a menudo llega tarde.
-Rescindir el contrato a los excedentes ingentes de funcionarios y enviarlos a cursos de formación y reciclaje para reintegrarlos a la vida activa en otros cometidos que si demande el interés público. Acabar con la condición de vitalicio, con efectos retroactivos. Hace unos día se quejaba el alcalde de Os Blancos, un ayuntamiento orensano con apenas mil habitantes, de que no sabía como iba a poder pagar las nóminas de los ¡65! funcionarios en activo bajo su mando. En una Casa de la Cultura de la capital orensana veintitrés porteros contratados por Baltar se ocupan de abrir y cerrar las dos puertas del edificio.
-Adecuación de las estrategias de reducción temporal de plantilla, EREs, jubilaciones anticipadas, a lo que conviene no sólo a la empresa, por razones de competitividad, y a los trabajadores, deseosos de mejorar su calidad de vida, sino también al conjunto de la sociedad, que soporta con sus impuestos parte del coste de esas estrategias de saneamiento. No es ético que la caja común soporte la situación poco edificante de personas de cuarenta y ocho años pensionados de por vida y dedicados a sus inquietudes personales cuando no a otros negocios mientras otros muchos trabajadores y emprendedores, algunos con gran sacrificio de su salud física o de su patrimonio personal, tienen en el mejor de los casos que aguantar en el tajo hasta que las fuerzas les fallan.
No estamos defendiendo en absoluto la creación de un régimen estatalista, de corte socialista puro. Ojalá fuera siquiera planteable. Pero sabemos que la Historia de la Humanidad nos ha brindado demasiados ejemplos de que el motor principal en la generación de la iniciativa es la ambición. Y sólo desde ella y su compensación traducida en mejoras del poder adquisitivo han eclosionado los ejemplos más destacados de desarrollo social.
Lo que preconizamos es un papel más activo y de protagonista por parte de la clase dirigente, cuya existencia tiene sentido desde la implantación de reglas de juego justas, equilibradas y convenientes al entorno cambiante. ¡Hay que trabajar más, señores diputados! ¡Abandonen las ocupaciones privadas o deléguenlas en otras personas en tanto dure su dedicación a la cosa pública!. Legislen, y pongan todos los medios en hacer cumplir la ley, dando ustedes ejemplo antes que nadie, para ponerle remedio a este odio social que se extiende con la crisis y al desprecio, peligroso, de las instituciones.
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jueves, 22 de abril de 2010
La dimisión de los políticos
Ante el afloramiento masivo de casos de corrupción en el seno de la clase política se ha instalado el argumento entre los dirigentes de los partidos de que Fulanito o Menganito ya no pertenecen a la Formación. Jaume Matas dimitió quince minutos antes de comparecer ante el juez. El señor Arenas ponía hace quince días la mano en el fuego apoyando la “impecable” gestión de Bárcenas, incluso después de conocer su papel de intermediario en las prácticas mafiosas de Gürtel, al tiempo que la Sra. de Cospedal sostenía su convencimiento de que el tesorero del PP debía seguir ocupando su escaño en el Senado. ¿? En la empresa privada, si alguien es descubierto metiendo la mano en la caja es despedido en el acto y denunciado penalmente. En la clase política, es defendido por sus compañeros de partido hasta que el rechazo social y la publicidad de los logros policiales aconsejan lo contrario.
Pero aun en ese momento, en lugar de entonar el mea culpa, a los dirigentes les queda el recurso ya extendido y manido de argumentar: “miren ustedes, el señor o la señora fulanita ya no forman parte de nuestro partido”, para añadir a continuación: “los tiempos con los que hemos actuado en este caso han sido impecables”. Como si eso exonerara a los partidos de su responsabilidad mientras desde sus cargos se llenaban los bolsillos sus correligionarios y alimentaban de paso las arcas en las campañas que les hacían ganar elecciones. La patada de cara a la galería del señor Fraga a Crespo no le exculpa de negligencia ¿? en los mecanismos de control de una maquinaria que ayudó a perpetuarle en el poder.
La subversión de los valores y el difumine de la responsabilidad entre los dirigentes animan a la señora Aguirre a presumir de que ella es una campeona en limpiar de ladrones sus cuadros de gestión y no a preguntarse por qué ostenta el record de casos de corrupción en el mapa de las Administraciones autonómicas.
Para limpiar la imagen de la clase política no basta con que sus dirigentes se destaquen en actuaciones a posteriori, por muy ejemplarizantes que parezcan. Es preciso que se destaquen en prácticas cotidianas higiénicas, preventivas, apriorísticas... en desarrollar un campo de actuación limpio y de transparencia, donde los procedimientos de contratación, las cuentas, las relaciones con los proveedores sean visibles y sujetos a mecanismos de control. Y cuando, a pesar de estos, se urden negocios ilícitos, la sociedad precisa, para no caer en el odio y en el axioma “tonto el último”, que los delincuentes paguen no sólo con la cárcel sino además con sus bienes siempre y cuando no puedan demostrar por qué medios lícitos han llegado a poseerlos.
Roldán, Bárcenas, Rafael Vera, Jaume Matas, Fabra... ninguno sabe nada de paraísos fiscales. No les tembló la mano para ir a la hucha de los huérfanos, o para inflar las facturas desde la convicción de estar viviendo en una esfera intocable, o para recibir compensaciones astronómicas por sus tratos de favor. Y mientras sus jefes les reían las gracias sin querer saber de donde salía el dinero para pagar el pulpo y los autobuses de los electores, ellos engordaban cuentas en las islas Caimán, en Suiza, en Gibraltar... Ahora no recuerdan el rastro del dinero, pero todos sabemos que un sueldo de funcionario, ni en la escala más alta, no da para comprar un hotel, un palacete, pisos en Madrid, París y Londres, colecciones de obras de arte o coches de cien mil euros. La reforma de la Justicia debe atender a la sensibilidad y los valores que alimentan a la mayoría dentro de las normas de juego: ¡Qué se confisquen los bienes suntuarios y que los corruptos vivan con lo imprescindible y elemental, que ya no es poco!.
Pero aun en ese momento, en lugar de entonar el mea culpa, a los dirigentes les queda el recurso ya extendido y manido de argumentar: “miren ustedes, el señor o la señora fulanita ya no forman parte de nuestro partido”, para añadir a continuación: “los tiempos con los que hemos actuado en este caso han sido impecables”. Como si eso exonerara a los partidos de su responsabilidad mientras desde sus cargos se llenaban los bolsillos sus correligionarios y alimentaban de paso las arcas en las campañas que les hacían ganar elecciones. La patada de cara a la galería del señor Fraga a Crespo no le exculpa de negligencia ¿? en los mecanismos de control de una maquinaria que ayudó a perpetuarle en el poder.
La subversión de los valores y el difumine de la responsabilidad entre los dirigentes animan a la señora Aguirre a presumir de que ella es una campeona en limpiar de ladrones sus cuadros de gestión y no a preguntarse por qué ostenta el record de casos de corrupción en el mapa de las Administraciones autonómicas.
Para limpiar la imagen de la clase política no basta con que sus dirigentes se destaquen en actuaciones a posteriori, por muy ejemplarizantes que parezcan. Es preciso que se destaquen en prácticas cotidianas higiénicas, preventivas, apriorísticas... en desarrollar un campo de actuación limpio y de transparencia, donde los procedimientos de contratación, las cuentas, las relaciones con los proveedores sean visibles y sujetos a mecanismos de control. Y cuando, a pesar de estos, se urden negocios ilícitos, la sociedad precisa, para no caer en el odio y en el axioma “tonto el último”, que los delincuentes paguen no sólo con la cárcel sino además con sus bienes siempre y cuando no puedan demostrar por qué medios lícitos han llegado a poseerlos.
Roldán, Bárcenas, Rafael Vera, Jaume Matas, Fabra... ninguno sabe nada de paraísos fiscales. No les tembló la mano para ir a la hucha de los huérfanos, o para inflar las facturas desde la convicción de estar viviendo en una esfera intocable, o para recibir compensaciones astronómicas por sus tratos de favor. Y mientras sus jefes les reían las gracias sin querer saber de donde salía el dinero para pagar el pulpo y los autobuses de los electores, ellos engordaban cuentas en las islas Caimán, en Suiza, en Gibraltar... Ahora no recuerdan el rastro del dinero, pero todos sabemos que un sueldo de funcionario, ni en la escala más alta, no da para comprar un hotel, un palacete, pisos en Madrid, París y Londres, colecciones de obras de arte o coches de cien mil euros. La reforma de la Justicia debe atender a la sensibilidad y los valores que alimentan a la mayoría dentro de las normas de juego: ¡Qué se confisquen los bienes suntuarios y que los corruptos vivan con lo imprescindible y elemental, que ya no es poco!.
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