SILENCIO ADMINISTRATIVO

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La presidenta del Tribunal Constitucional se queja de una Campaña de desprestigio orquestada contra el órgano que preside. Lo hace después de dar la callada por respuesta a los catalanes una y otra vez, tras superar en dos años y medio el plazo en que se había comprometido a dictaminar sobre la constitucionalidad del Estatut. Y lo hace desde el peso ético que le respalda al presidir un consejo en el que cuatro de sus miembros tienen la licencia caducada y no son relevados porque falta el consenso del Partido Popular, con el que se emparentan ideológicamente los magistrados.
En este punto nos damos de cara con el tema de la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo y su necesidad no resuelta. En este país intolerante respecto de lo diverso más de lo que dice ser, la transición hacia un Estado de las autonomías, hacia un federalismo de facto, es una asignatura todavía pendiente. El reconocimiento a la periferia de que puede caminar sola sin que ello conlleve la independencia es mentar a la bicha. Cuando se trata de visar los estatutos de comunidades que precisan, interesadamente, seguir muy enganchadas al Estado para gozar de compensaciones interterritoriales y de los fondos de compensación, el Tribunal Constitucional hace una lectura de sus estatutos al tiempo que toma el aperitivo. Pero si los textos a revisar proceden de autonomías a las que sólo les unen al Estado cuestiones suprarregionales, que están dispuestas a atender, las presiones del nacionalismo centralista excluyente se dejan sentir en los Magistrados, y el inmovilismo se instala en su proceder como táctica, y a la postre coartada, para alentar reacciones independentistas en una sociedad catalana merecedora de algo más que el silencio administrativo, un recurso tan manido y con peso durante el franquismo, y el desprecio.