ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

Cualquier ser humano se puede encontrar, en un momento de su vida, superado por una situación cargada de estresadores, de experiencias traumáticas sufridas por él, por familia cercana, por su entorno: enfermedad grave, accidentes, dependencia, desempleo... El miedo a perder el empleo es uno de los factores que desequilibran incluso a los bien instalados y así lo recogen las últimas encuestas del CIS. Si la pérdida se materializa y concurren otras circunstancias negativas el caldo de cultivo de patologías diversas está servido.
Quedan muchos gastos suntuarios y mucha duplicación administrativa que depurar antes de condenar al hambre a varios millones de ciudadanos. El discurso de la clase política se torna grotesco cuando, al tiempo que mantiene sus privilegios, esgrime razones macroeconómicas para tratar a los administrados fríamente como números.
La lista de tareas pendientes dentro de un Plan Operativo creíble para converger con la Europa de la primera velocidad es interminable:
-Supresión del Senado y las Diputaciones
-Agregación de Ayuntamientos con poblaciones pequeñas hasta integrar entidades de, al menos, cinco mil habitantes.
-Auditoría en las Administraciones y adelgazamiento del corpus funcionarial, inflado por razones electoralistas y de nepotismo.
-Supresión de escoltas, coches oficiales y chóferes.
-Supresión de las asignaciones vitalicias millonarias a ex altos cargos.
-Incompatibilidad para ocupar más de un cargo en la función pública.
-Eliminación de los contratos blindados, de las cláusulas de rescisión, de los pluses por productividad, de las horas extras, de las indemnizaciones a consejeros, de la remuneración extraordinaria por asistencia a Plenos y Consejos, de las dietas que no son tal sino otro pago en especias.
-Supresión del carácter vitalicio de cualquier puesto de trabajo.
-Persecución y castigo para el absentismo laboral.
-Intervención en la función inspectora hasta obtener un modelo de transparencia y pro-acción.
-Fijación de unos topes salariales máximos, tanto en la empresa pública como en las sociedades privadas, realistas, compensados y que no pongan en riesgo la viabilidad de los sistemas.
-Establecer límites en la Administración y en las Sociedades privadas a la creación y contratación de puestos de consejeros y órganos consultivos que, desde una actividad limitada y de escasa trascendencia en la cuenta de resultados, gravan onerosamente las arcas y el sostenimiento de los modelos productivos.