MEDIDAS CONTRA LA CRISIS

Ante la gravedad y duración de esta crisis económica es el momento de desterrar del Parlamento la teatralidad electoralista, vomitiva para quien está en paro, e implantar desde ya herramientas de gestión. Es el momento en que los poderes ejecutivos del Estado y las autonomías, si quieren ganarse su derecho a sobrevivir, deben intervenir:
Siendo sensibles a una realidad plural, a un entorno cambiante
Legislando para evitar que la crisis sea esa gran oportunidad de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Haciendo cumplir la ley

En nuestro país se ha estado confundiendo libertad con liberalismo económico: una fórmula de mercado que confiere un poder omnímodo a las multinacionales, en cuyas líneas de actuación, en cuyos Consejos de Administración, más temprano o más tarde, se integran los políticos, accionistas de empresas petroleras, de la industria armamentística y de las farmacéuticas, para decidir cuando empiezan la guerra y la gripe A.
Hay ya un clima de desesperación en demasiados hogares. Es inaplazable la aplicación de un plan operativo que, desde la ética, tenga como premisa fundamental el que REPARTAMOS LOS EFECTOS DE LA CRISIS ENTRE TODOS y participemos de los ciclos de expansión todos los que quieran y puedan trabajar. Más allá de las medidas timoratas propuestas por Gobierno y Oposición, se hace necesario repensar el Estado, sin ideas preconcebidas, y sin eliminar lo que hay de bueno en su gestión, aplicar decisiones estratégicas para remontar la crisis, a saber:

-Semana laboral de 30 horas
-Supresión de las jubilaciones anticipadas y jubilación a los 63 años para todos o después de 35 años cotizando.
-Supresión del Senado y de las Diputaciones. Recuerdo declaraciones del presidente actual de la Diputación de A Coruña en este mismo sentido cuando estaba en la oposición. Ahora, desde el poder, aboga por la necesidad de la institución como elemento redistributivo de la riqueza, como si esa función no pudieran llevarla a cabo perfectamente la Xunta y El Estado, ahorrando miles de millones en gastos puramente administrativos.
-Confiscación de patrimonios cuya obtención por medios lícitos no se pueda justificar.
-Creación de bancos de tierra para dar cabida a cosechas para el autoabastecimiento.
-Incentivación de la producción de energías limpias: solar, eólica y de aprovechamiento de la fuerza del mar, para así reducir el grado de dependencia energética al tiempo que se crean puestos de trabajo duraderos.
-Medidas que faciliten la disposición de suelo industrial suficiente y bien comunicado, impidiendo por ley la acción especulativa de los intermediarios responsable de movimientos inflacionistas indeseados.
-Acotar por ley el número de intermediarios entre productor y consumidor final, marcando además topes en la aplicación de márgenes sobre el precio de los productos, para acabar con el control que sobre los productores ejercen quienes menos riesgos corren.
-Impedir prácticas de tiburoneo: vender por debajo del precio de coste para acabar con la competencia.
-Introducir férreos mecanismos de control en el mercado financiero, asignando cotas máximas en los movimientos de compra-venta de divisas y en la adquisición de deuda pública, que impidan la posibilidad de que cuatro especuladores se basten para hacer temblar toda la economía de un país.
-Eliminación de los contratos blindados y de las primas astronómicas a directivos y consejeros delegados.
-Perseguir tanto al que aporta como al que utiliza información privilegiada, el tráfico de influencias y el empleo de la Caja B para financiar campañas personales y de partidos.
-Obligatoriedad de contratar en prácticas a un porcentaje fijo de trabajadores, formados en cursos de capacitación, F.P., Universidad, sobre el total de la plantilla con medidas exonerativas para la empresa.
-Eliminación de los “regímenes especiales”. Todos los trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones.
-Acabar con las prácticas mafiosas de muchas mutuas, o, mejor aún, eliminación de las mutuas. En su afán sólo recaudatorio llegan a considerar enfermedad común las hernias de los estibadores del puerto. La apreciación y atención de las incapacidades temporales recaería exclusivamente en la Administración.
-Acabar con la compatibilidad entre función pública y trabajo privado. Y si un médico quiere operar veinticinco horas al día que lo haga desde su consulta privada. De este modo se crearían miles de puestos de trabajo y se acabaría con la espera de meses para hacer una biopsia que a menudo llega tarde.
-Rescindir el contrato a los excedentes ingentes de funcionarios y enviarlos a cursos de formación y reciclaje para reintegrarlos a la vida activa en otros cometidos que si demande el interés público. Acabar con la condición de vitalicio, con efectos retroactivos. Hace unos día se quejaba el alcalde de Os Blancos, un ayuntamiento orensano con apenas mil habitantes, de que no sabía como iba a poder pagar las nóminas de los ¡65! funcionarios en activo bajo su mando. En una Casa de la Cultura de la capital orensana veintitrés porteros contratados por Baltar se ocupan de abrir y cerrar las dos puertas del edificio.
-Adecuación de las estrategias de reducción temporal de plantilla, EREs, jubilaciones anticipadas, a lo que conviene no sólo a la empresa, por razones de competitividad, y a los trabajadores, deseosos de mejorar su calidad de vida, sino también al conjunto de la sociedad, que soporta con sus impuestos parte del coste de esas estrategias de saneamiento. No es ético que la caja común soporte la situación poco edificante de personas de cuarenta y ocho años pensionados de por vida y dedicados a sus inquietudes personales cuando no a otros negocios mientras otros muchos trabajadores y emprendedores, algunos con gran sacrificio de su salud física o de su patrimonio personal, tienen en el mejor de los casos que aguantar en el tajo hasta que las fuerzas les fallan.

No estamos defendiendo en absoluto la creación de un régimen estatalista, de corte socialista puro. Ojalá fuera siquiera planteable. Pero sabemos que la Historia de la Humanidad nos ha brindado demasiados ejemplos de que el motor principal en la generación de la iniciativa es la ambición. Y sólo desde ella y su compensación traducida en mejoras del poder adquisitivo han eclosionado los ejemplos más destacados de desarrollo social.
Lo que preconizamos es un papel más activo y de protagonista por parte de la clase dirigente, cuya existencia tiene sentido desde la implantación de reglas de juego justas, equilibradas y convenientes al entorno cambiante. ¡Hay que trabajar más, señores diputados! ¡Abandonen las ocupaciones privadas o deléguenlas en otras personas en tanto dure su dedicación a la cosa pública!. Legislen, y pongan todos los medios en hacer cumplir la ley, dando ustedes ejemplo antes que nadie, para ponerle remedio a este odio social que se extiende con la crisis y al desprecio, peligroso, de las instituciones.